Sintesis del Articulo " El nuevo paradigma mexicano"

La herencia del nacionalismo revolucionario estableció tradiciones indesafiables: nacionalismo energético, congelación de la propiedad de la tierra, sindicalismo monopólico, legalidad negociada, dirigismo estatal, “soberanismo” defensivo, corrupción consuetudinaria. Éstos fueron vicios, creencias y costumbres que el país adquirió en distintos momentos de su historia. Son los valores de una nueva cultura política. Entre los que sobresalen 10: La convicción de que no hay otra vía legítima para alcanzar el poder o conservarlo que las elecciones y que éstas deben ser: libres, equitativas, minuciosamente democráticas. El clamor nacional contra la corrupción y su contraparte: la exigencia de transparencia y rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno y de todas las formas de ejercicio del poder. El compromiso universal con los derechos humanos, con la vigencia del Estado de derecho, la igualdad ante la ley y su contraparte: el repudio a la impunidad y al privilegio. La exasperada demanda en una solución de fondo, propiamente histórica, a la baja calidad de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública. El imperativo moral de combatir la pobreza, asociada a la alta expectativa de un sistema de seguridad social universal que acompañe y consolide el paso de una sociedad históricamente desigual extrema a una de clases medias mayoritarias y homogéneas. El rechazo a toda política de déficit públicos, desequilibrios macroeconómicos o discrecionalidad gubernamental en el ejercicio del gasto público. Una cultura pública contraria a la lógica abusiva de monopolios, oligopolios y poderes fácticos de toda condición y origen, públicos o privados, individuales o corporativos, sindicales o empresariales. La apertura a las ventajas de la globalización, el libre comercio y la integración económica con América del Norte, a la que el país acude con profundidad, eficacia y creciente conciencia de sus enormes oportunidades. Un rechazo a la violencia y la exigencia de un Estado fuerte capaz de contenerla, no para regresar a su antiguo estatus de instancia controladora y opresiva sino para cumplir la tarea primera de un Estado que es dar seguridad a sus ciudadanos. Una difusa, frustrada, incrédula pero potente aspiración de crecimiento económico, oportunidades, empleos, creación de riqueza y prosperidad. Éstos son los nuevos valores que rigen el discurso público del país, pero en todos los casos de manera pública: sinuosa o generosa, pero expresa. Hacer realidad esos valores es la nueva aspiración histórica de México, la brújula de su nueva moral colectiva, de su nuevo proyecto de nación, hijo esta vez de la democracia y de la convergencia, no de la hegemonía de un régimen o un partido político. Las elecciones de 2012 volvieron a poner a México en la situación de un gobierno dividido, con una izquierda más inclinada a bloquear que a inducir reformas modernizadoras, y una rivalidad del PRI y el PAN que podría echar por tierra en la lucha política de cada día los ostensibles acuerdos estratégicos que ambos partidos comparten sobre los cambios de fondo que el país necesita. Lo cierto es que el PAN y el PRI pueden volver a ser aliados en los años que vienen pues coinciden en cuestiones fundamentales. Pero el triunfo del PRI en las elecciones de 2012 presenta un problema anterior. La restauración en un sentido estricto, y aun en el laxo, no parece una opción clara y viable para nadie, empezando por el nuevo gobierno, cuyas acciones estarán severamente limitadas por un balance de poderes. La restauración puntual de aquel régimen es imposible porque la, ni en los órganos de decisión económica, ni en la selección de los altos puestos políticos, otorgados todos desde arriba gracias al control abrumador del PRI sobre las elecciones y sobre la política profesional. Como presidente, Peña Nieto enfrentará los mismos contrapesos, obstáculos y retos que Fox y Calderón: no tendrá mayoría absoluta en ninguna de las cámaras, tendrá que lidiar con el contrapeso de un gobierno dividido y tendrá frente a sí, en el Distrito Federal, al segundo personaje electo más poderoso del país, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. El nuevo mandatario deberá convivir con una considerable diversidad de instituciones autónomas que el país ha construido en estos años, y que no son simples cajas de registro de instrucciones de la presidencia: La primera, y la más importante, es la Suprema Corte de Justicia, fuente de grandes dolores de cabeza para Fox y Calderón, y de grandes beneficios para la sociedad mexicana. La segunda es el Instituto Federal Electoral, que pese a sus altas y bajas recurrentes imprime un sello innegable de legitimidad a cada elección federal de presidentes y Congreso. Sigue el Banco de México, dotado de plena independencia desde 1993, y una garantía parcial de prudencia macroeconómica, por lo menos en lo que corresponde al ámbito monetario. El Instituto Federal de Acceso a la Información, autónomo también, es fuente de transparencia y de jaquecas para todos los poderes en México, lo mismo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una caja de resonancia cabal, incluso estridente, en su materia. Por último, el INEGI, fuente oficial de las estadísticas nacionales, con mejores y peores momentos, genera datos objetivos y confiables imposibles de manipular, sobre la economía y la sociedad mexicanas. El nuevo paradigma: Acuerdos y consensos Si el paisaje de los contrapesos a una restauración es convincente, el de las convergencias hacia el futuro en reformas clave para el país es prometedor. A estos consensos pudieron sumarse varios acuerdos puntuales de cuatro partidos —PRI, PAN, PVEM y Panal— que sumaron poco menos del 70% de la intención de voto. Son los siguientes: Petróleo. Abrir Pemex a la inversión privada. Estado de bienestar: Crear una red de seguridad social universal. Inversión. Fomentar la inversión asociada de fondos públicos y fondos privados. Se diría por estas convergencias programáticas, premiadas electoralmente por casi el 70% de los votos, que el país está en el camino de terminar su transformación política y económica, más que en el ánimo de echarla para atrás. Por lo que hace al PRI y al PAN existe hoy una complementariedad sin precedente en sus agendas y están relativamente claros los términos del intercambio. Peña Nieto ha dicho que quiere inversión minoritaria en Pemex (el PAN está de acuerdo); concentrar el esfuerzo de seguridad en el combate a la extorsión, el secuestro y el homicidio y en construir una policía nacional mucho más grande (el PAN está más o menos de acuerdo); establecer la jornada completa en la educación primaria y dotar de una computadora específicamente para niños a los alumnos de quinto y sexto años (el PAN no lo hizo y probablemente no le encante). Construir un sistema de protección social universal financiado por el fondo fiscal central (en buen castellano significa generalizar el IVA y eliminar los subsidios a la gasolina; el PAN más bien no está de acuerdo). Para hacer un gobierno exitoso, de altos rendimientos económicos y sociales, el PRI necesita las reformas que él mismo ha contribuido a detener en estos años: en el ámbito energético, fiscal, laboral y educativo. El PAN quiere a cambio tres o cuatro reformas políticas de la mayor importancia: reelección de legisladores y alcaldes, la segunda vuelta en la elección presidencial, referéndum vinculante para cambiar la Constitución y reforma de los sindicatos públicos con tres decisiones clave: fin a la retención y entrega de cuotas sindicales por el gobierno, fin a la llamada “toma de nota”, mediante la cual el gobierno reconoce a las dirigencias sindicales, y fin a la cláusula de exclusión, mediante la cual un sindicato puede expulsar del trabajo a quien no se subordina política y laboralmente a sus criterios. Del interregno a la prosperidad Los meses del interregno transcurrido desde las elecciones de julio parecen los más prometedores de mucho tiempo. Para empezar, en el primer periodo de sesiones del nuevo Congreso entró en vigor la reforma que permite al presidente enviar dos iniciativas de ley de obligatoria revisión, dictaminación y voto en los treinta días siguientes a su llegada a las cámaras (treinta para los diputados y treinta para los senadores) Lo importante no será tanto cuántas reformas se aprueben sino cuántas señales trascendentes puedan enviarse desde el gobierno y el Congreso sobre el lugar adonde se quiere ir, como Estado y como país. A nuestro juicio, tres señales fundamentales serían las siguientes: Poner fin al tabú petrolero mediante una reforma constitucional que permita la inversión privada minoritaria en Pemex. Pemex es más que una empresa, es un emblema. Abrirla a la inversión privada representaría un salto legal y simbólico de grandes proporciones, un antes y un después mental en la historia contemporánea de México. Un plan de inversión pública en infraestructura de cara al nuevo mapa regional de México, para conectar a las regiones entre sí y para fortalecer sus vínculos con el resto del mundo: puertos, puentes, carreteras, aeropuertos, aduanas internas, claustros industriales, centros de autorización para comercio con Estados Unidos, redes de conectividad y multiplicación de ancho de banda. Pero quizá lo más importante: un aumento sustancial de los recursos públicos atados al financiamiento de un piso de seguridad social universal, para todos los mexicanos por el hecho de serlo. Pensamos en la equidad social como una estrategia de creación y distribución de riqueza, no sólo como combate asistencial a la pobreza. México ha alcanzado una estabilidad macroeconómica que no tuvo en las últimas décadas del siglo XX, pero no ha tenido el crecimiento que el bienestar de su población requiere. El verdadero mal a corregir en México no es la pobreza sino la mediocre creación de riqueza, porque la única forma irreversible y definitiva de combatir la pobreza es creando la riqueza que la transforme en oportunidades y la deje atrás. El mensaje para el futuro es que si no queremos seguir contando alzas y bajas en nuestra pobreza tenemos que desatar un proceso definitivo de crecimiento. Lo innegociable a partir de 2013 debe ser la exigencia nacional de prosperidad pues sólo de ella vendrá el bienestar duradero y generalizado que el país puede alcanzar en el curso de la siguiente generación. CONCLUSIÓN: Yo pienso que en México el paradigma ha cambiado apesar de que este sexenio será gobernado por el PRI nuevamente ya que la situacion ha cambiado desde su dicatura perfecta.